Con la finalidad de regular un tratamiento homogéneo de la relación jurídica subvencionadora en las diferentes Administraciones Públicas, se aprobó la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Se trata de responder adecuadamente a las necesidades que la actividad subvencionadora de las Administraciones Públicas exige actualmente en los aspectos de transparencia, control financiero y régimen sancionador.