Exposición de motivos
El pasado 9 de noviembre los españoles tuvimos conocimiento del ataque más grave al Estado de Derecho en nuestra democracia, un acuerdo del PSOE con los independentistas catalanes que profana la Constitución que fuimos capaces de construir entre todos en 1978.
Unos acuerdos que suponen una burla para la inmensa mayoría de los españoles que se sienten engañados por un presidente que se rinde ante los deseos de los independentistas, desdiciéndose de lo que prometió en campaña electoral y de lo que siempre ha defendido el PSOE.
Unos acuerdos que están vendiendo España, que relatan una versión sesgada, alterada y subjetiva de la historia de nuestro país, que quiebran la igualdad de los españoles ante la ley, que niegan que España sea un Estado de Derecho,que dinamitan los cimientos de la separación de poderes, que humillan al país aceptando una mediación internacional y que debilitarán el Estado de las Autonomías.
Sánchez ha vendido a España otorgando una amnistía que anulará jurídica y políticamente la actuación del propio Estado en defensa de los derechos y libertades de todos, desautorizando la actuación de jueces y tribunales, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, e incluso, la del mismo PSOE que votó el art. 155.Sánchez se rinde también a la celebración de un referéndum de autodeterminación, que no tiene cabida en nuestro sistema constitucional, como reiteradamente ha manifestado el Tribunal Constitucional.
Sánchez cambia los votos que necesita por más de 15.000 millones de euros de los impuestos de todos los españoles. Un precio que pagaremos todos y que va a convertir a los españoles en ciudadanos de primera y de segunda porque lo que se condone a los independentistas, lo pagaremos el resto.
Según lo anteriormente expuesto, instamos a la corporación municipal a manifestar:
Nuestra adhesión a la Constitución española de 1978 y nuestra suma a la denuncia de todas las asociaciones de jueces, de los jueces decanos, de los presidentes de las Audiencias Provinciales y del propio Consejo General del Poder Judicial que han censurado el riesgo de quiebra de la separación de poderes que se desprende del acuerdo con los nacionalistas catalanes. Nos oponemos a la referencia al lawfare o judicialización de la política y a sus consecuencias porque viene a negar que España sea un Estado de Derecho.
Expresamos nuestro firme rechazo a la concesión de privilegios económicos o fiscales a cualquier Comunidad Autónoma, ya que rompe la igualdad y solidaridad entre todos los territorios de España.
Y manifestamos nuestra repulsa a cualquier Ley de Amnistía por ir en contra del principio de igualdad de Informació suministrada pel grup PP
